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-18.12.1992
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- Publicado el 22 septiembre 2008
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Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
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Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992
La Asamblea General,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las
Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, el reconocimiento de la dignidad
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e
inalienables es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,
Teniendo presente la obligación impuesta a los Estados por la Carta, en particular por el
Artículo 55, de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales,
Profundamente preocupada por el hecho de que en muchos países, con frecuencia de
manera persistente, se produzcan desapariciones forzadas, es decir, que se arreste,
detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su
libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel,
por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su
apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a
revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la
libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley,
Considerando que las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de
toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa
humanidad,
Recordando su resolución 33/173, de 20 de diciembre de 1978, en la cual se declaró
profundamente preocupada por los informes procedentes de diversas partes del mundo
en relación con la desaparición forzada o involuntaria de personas y conmovida por la
angustia y el pesar causados por esas desapariciones, y pidió a los gobiernos que
garantizaran que las autoridades u organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y
encargadas de la seguridad tuvieran responsabilidad jurídica por los excesos que
condujeran a desapariciones forzadas o involuntarias,
Recordando igualmente la protección que otorgan a las víctimas de conflictos armados
los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y los Protocolos Adicionales de
1977,
Teniendo en cuenta especialmente los artículos pertinentes de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
garantizan a toda persona el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad
de su persona, el derecho a no ser sometido a torturas y el derecho al reconocimiento de
su personalidad jurídica,
Teniendo en cuenta además la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, que dispone que los Estados partes deben tomar
medidas eficaces para prevenir y reprimir los actos de tortura,
Teniendo presente el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley, los principios fundamentales sobre la utilización de la fuerza y de armas de fuego
por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, y
las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
Afirmando que para impedir las desapariciones forzadas es necesario asegurar el estricto
respeto del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión, que figuran en el anexo de su resolución 43/173,
de 9 de diciembre de 1988, así como de los Principios relativos a una eficaz prevención e
investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, formulados por el
Consejo Económico y Social en el anexo de su resolución 1989/65, de 24 de mayo de
1989, y aprobados por la Asamblea General en su resolución 44/162, de 15 de diciembre
de 1989,
Teniendo presente que, si bien los actos que contribuyen a las desapariciones forzadas
constituyen una violación de las prohibiciones que figuran en los instrumentos
internacionales antes mencionados, es con todo importante elaborar un instrumento que
haga de todos los actos de desaparición forzada delitos de extrema gravedad y
establezca normas destinadas a castigarlos y prevenirlos,
1. Proclama la presente Declaración sobre la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas como conjunto de principios aplicables por todo Estado;
2. Insta a que se haga todo lo posible por dar a conocer y hacer respetar la Declaración;
Artículo 1
1. Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Es
condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y
como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y
reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales pertinentes.
2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le
causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las
normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la
seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone
gravemente en peligro.
Artículo 2
1. Ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas.
2. Los Estados actuarán a nivel nacional, regional y en cooperación con las Naciones
Unidas para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones
forzadas.
Artículo 3
Los Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas
eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier
territorio sometido a su jurisdicción.
Artículo 4
1. Todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho
penal, delito pasible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.
2. Las legislaciones nacionales podrán establecer circunstancias atenuantes para quienes,
habiendo participado en actos que constituyan una desaparición forzada, contribuyan a
la reaparición con vida de la víctima o den voluntariamente informaciones que permitan
esclarecer casos de desaparición forzada.
Artículo 5
Además de las sanciones penales aplicables, las desapariciones forzadas deberán
comprometer la responsabilidad civil de sus autores y la responsabilidad civil del Estado
o de las autoridades del Estado que hayan organizado, consentido o tolerado tales
desapariciones, sin perjuicio de la responsabilidad internacional de ese Estado conforme
a los principios del derecho internacional.
Artículo 6
1. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra
índole, puede ser invocada para justificar una desaparición forzada. Toda persona que
reciba tal orden o tal instrucción tiene el derecho y el deber de no obedecerla.
2. Los Estados velarán por que se prohíban las órdenes o instrucciones que dispongan,
autoricen o alienten las desapariciones forzadas.
3. En la formación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley se debe hacer
hincapié en las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo.
Artículo 7
Ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenaza de guerra, estado de
guerra, inestabilidad política interna o cualquier otro estado de excepción, puede ser
invocada para justificar las desapariciones forzadas.
Artículo 8
1. Ningún Estado expulsará, devolverá o concederá la extradición de una persona a otro
Estado cuando haya motivos fundados para creer que corre el riesgo de ser víctima de
una desaparición forzada.
2. Para determinar si hay tales motivos, las autoridades competentes tendrán en cuenta
todas las consideraciones pertinentes, incluida, cuando proceda, la existencia en el
Estado interesado de un conjunto de violaciones sistemáticas, graves, manifiestas o
masivas de los derechos humanos.
Artículo 9
1. El derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el
paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o de individualizar a
la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva, es necesario para
prevenir las desapariciones forzadas en toda circunstancia, incluidas las contempladas en
el artículo 7 supra. 2. En el marco de ese recurso, las autoridades nacionales competentes
tendrán acceso a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad,
así como a todo otro lugar donde haya motivos para creer que se pueden encontrar las
personas desaparecidas.
3. También podrá tener acceso a esos lugares cualquier otra autoridad competente
facultada por la legislación del Estado o por cualquier otro instrumento jurídico
internacional del cual el Estado sea parte.
Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de detención
oficialmente reconocidos y, con arreglo a la legislación nacional, presentada sin demora
ante una autoridad judicial luego de la aprehensión.
2. Se deberá proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de esas
personas y el lugar o los lugares donde se cumple, incluidos los lugares transferencia, a
los miembros de su familia, su abogado o cualquier otra persona que tenga interés
legítimo en conocer esa información, salvo voluntad en contrario manifestada por las
personas privadas de libertad.
3. En todo lugar de detención deberá haber un registro oficial actualizado de todas las
personas privadas de libertad. Además, los Estados tomarán medidas para tener registros
centralizados análogos. La información que figure en esos registros estará a disposición
de las personas mencionadas en el párrafo precedente y de toda autoridad judicial u otra
autoridad nacional competente e independiente y de cualquier otra autoridad
competente facultada por la legislación nacional, o por cualquier instrumento jurídico
internacional del que el Estado sea parte, que desee conocer el lugar donde se encuentra
una persona detenida.
Artículo 11
La puesta en libertad de toda persona privada de libertad deberá cumplirse con arreglo a
modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en
libertad y, además, que lo ha sido en condiciones tales que estén aseguradas su
integridad física y su facultad de ejercer plenamente sus derechos.
Artículo 12
1. Los Estados establecerán en su legislación nacional normas que permitan designar a
los agentes del gobierno habilitados para ordenar privaciones de libertad, fijen las
condiciones en las cuales tales órdenes pueden ser dadas, y prevean las penas de que se
harán pasibles los agentes del gobierno que se nieguen sin fundamento legal a
proporcionar información sobre una privación de libertad.
2. Los Estados velarán igualmente por que se establezca un control estricto, que
comprenda en particular una determinación precisa de las responsabilidades jerárquicas,
sobre todos los responsables de aprehensiones, arrestos, detenciones, prisiones
preventivas, traslados y encarcelamientos, así como sobre los demás agentes del
gobierno habilitados por la ley a recurrir a la fuerza y utilizar armas de fuego.
Artículo 13
1. Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un
interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el
derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente,
la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Toda
vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición
forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a dicha autoridad para que inicie una
investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa
investigación no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna.
2. Los Estados velarán por que la autoridad competente disponga de las facultades y los
recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, incluidas las facultades necesarias
para exigir la comparecencia de testigos y la presentación de pruebas pertinentes, así
como para proceder sin demora a visitar lugares.
3. Se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación,
incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación,
estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia.
4. Los resultados de la investigación se comunicarán a todas las personas interesadas, a
su solicitud, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en
curso.
5. Se tomarán disposiciones para garantizar que todo maltrato, todo acto de intimidación
o de represalia, así como toda forma de injerencias, en ocasión de la presentación de una
denuncia o durante el procedimiento de investigación, sean castigados como
corresponda.
6. Deberá poderse hacer una investigación, con arreglo a las modalidades descritas en los
párrafos que anteceden, mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una
desaparición forzada.
Artículo 14
Los presuntos autores de actos de desaparición forzada en un Estado, cuando las
conclusiones de una investigación oficial lo justifiquen y a menos que hayan sido
extraditados a otro Estado que ejerce su jurisdicción de conformidad con los convenios
internacionales vigentes en la materia, deberán ser entregados a las autoridades civiles
competentes del primer Estado a fin de ser procesados y juzgados. Los Estados deberán
tomar las medidas jurídicas apropiadas que tengan a su disposición a fin de que todo
presunto autor de un acto de desaparición forzada, que se encuentre bajo su jurisdicción
o bajo su control, sea sometido a juicio.
Artículo 15
El hecho de que haya razones de peso para creer que una persona ha participado en actos
de naturaleza extremadamente grave como los mencionados en el párrafo 1 del artículo 4
supra, cualesquiera que sean los motivos, deberá ser tenido en cuenta por las autoridades
competentes de un Estado al decidir si conceder o no asilo.
Artículo 16
1. Los presuntos autores de cualquiera de los actos previstos en el párrafo 1 del artículo
4 supraserán suspendidos de toda función oficial durante la investigación mencionada
en el artículo 13 supra.
2. Esas personas sólo podrán ser juzgadas por las jurisdicciones de derecho común
competentes, en cada Estado, con exclusión de toda otra jurisdicción especial, en
particular la militar.
3. No se admitirán privilegios, inmunidades ni dispensas especiales en tales procesos, sin
perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas.
4. Se garantizará a los presuntos autores de tales actos un trato equitativo conforme a las
disposiciones pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de otros
instrumentos internacionales vigentes en la materia en todas las etapas de la
investigación, así como en el proceso y en la sentencia de que pudieran ser objeto.
Artículo 17
1. Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus
autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y
mientras no se hayan esclarecido los hechos.
2. Cuando los recursos previstos en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos ya no sean eficaces, se suspenderá la prescripción relativa a los actos
de desaparición forzada hasta que se restablezcan esos recursos.
3. De haber prescripción, la relativa a actos de desaparición forzada ha de ser de plazo
largo y proporcionado a la extrema gravedad del delito.
Artículo 18
1. Los autores o presuntos autores de actos previstos en el párrafo 1 del artículo 4 supra
no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que
tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal.
2. En el ejercicio del derecho de gracia deberá tenerse en cuenta la extrema gravedad de
los actos de desaparición forzada.
Artículo 19
Las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familiares deberán obtener
reparación y tendrán derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada y a disponer
de los medios que les aseguren una readaptación tan completa como sea posible. En caso
de fallecimiento de la víctima a consecuencia de su desaparición forzada, su familia
tendrá igualmente derecho a indemnización.
Artículo 20
1. Los Estados prevendrán y reprimirán la apropiación de hijos de padres de víctimas de
una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres
víctimas de la desaparición forzada y se esforzarán por buscar e identificar a esos niños
para restituirlos a su familia de origen.
2. Habida cuenta de la necesidad de preservar el interés superior de los niños
mencionados en el párrafo precedente, deberá ser posible, en los Estados que reconocen
el sistema de adopción, proceder al examen de la adopción de esos niños y, en particular,
declarar la nulidad de toda adopción que tenga origen en una desaparición forzada. No
obstante, tal adopción podrá mantener sus efectos si los parientes más próximos del niño
dieran su consentimiento al examinarse la validez de dicha adopción.
3. La apropiación de niños de padres víctimas de desaparición forzada o de niños
nacidos durante el cautiverio de una madre víctima de una desaparición forzada, así
como la falsificación o supresión de documentos que atestigüen su verdadera identidad,
constituyen delitos de naturaleza sumamente grave que deberán ser castigados como
tales.
4. Par tal fin, los Estados concluirán, según proceda, acuerdos bilaterales o
multilaterales.
Artículo 21
Las disposiciones de la presente Declaración son sin perjuicio de las disposiciones
enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en cualquier otro
instrumento internacional y no deberán interpretarse como una restricción o derogación
de cualquiera de esas disposiciones.

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