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Ficha Técnica
Fecha de Expedición
-09.12.1975
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- Publicado el 22 septiembre 2008
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Tratados/Tratado
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Texto Completo
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Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 3452 (XXX), de 9 de diciembre de 1975

Artículo 1

1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo
acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya,
inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o
una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche
que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán
tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la
privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la
medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos.
2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena
cruel, inhumano o degradante.

Artículo 2

Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante
constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación
de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos
humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos.

Artículo 3

Ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales
tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política
interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 4

Todo Estado tomará, de conformidad con las disposiciones de la presente
Declaración, medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro de su
jurisdicción torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.

Artículo 5

En el adiestramiento de la policía y otros funcionarios públicos responsables
de las personas privadas de su libertad, se asegurará que se tenga
plenamente en cuenta la prohibición de la tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. Esta prohibición se incluirá asimismo, en
su caso, en las normas o instrucciones generales que se publiquen en relación
con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia o trato de
dichas personas.

Artículo 6

Todo Estado examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y las
disposiciones para la custodia y trato de las personas privadas de su libertad
en su territorio, a fin de prevenir todo caso de tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 7

Todo Estado asegurará que todos los actos de tortura definidos en el artículo
1 constituyen delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se aplicará a
los actos que constituyen participación, complicidad, incitación o tentativa de
cometer tortura.

Artículo 8

Toda persona que alegue que ha sido sometida a tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, por un funcionario público o a
instigación del mismo, tendrá derecho a que su caso sea examinado
imparcialmente por las autoridades competentes del Estado interesado.
Artículo 9
Siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto
de tortura tal como se define en el artículo 1, las autoridades competentes
del Estado interesado procederán de oficio y con presteza a una investigación
imparcial.

Artículo 10

Si de la investigación a que se refieren los artículos 8 ó 9 se llega a la
conclusión de que parece haberse cometido un acto de tortura tal como se
define en el artículo 1, se incoará un procedimiento penal contra el supuesto
culpable o culpables de conformidad con la legislación nacional. Si se
considera fundada una alegación de otras formas de trato o penas crueles,
inhumanos o degradantes, el supuesto culpable o culpables serán sometidos a
procedimientos penales, disciplinarios u otros procedimientos adecuados.

Artículo 11

Cuando se demuestre que un acto de tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes han sido cometidos por un funcionario público o a
instigación de éste, se concederá a la víctima reparación e indemnización, de
conformidad con la legislación nacional.

Artículo 12

Ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes podrá ser
invocada como prueba contra la persona involucrada ni contra ninguna otra
persona en ningún procedimiento.

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