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Fecha de Expedición
-20.12.1971
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- Publicado el 15 septiembre 2008
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Declaración de los Derechos del Retrasado Mental
Texto Completo
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Declaración de los Derechos del Retrasado Mental

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971

La Asamblea General,

Consciente de la obligación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
contraída en virtud de la Carta, de adoptar medidas conjunta o
separadamente, en cooperación con la Organización, para promover niveles
de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de
progreso y desarrollo económico y social,
Reafirmando su fe en los derechos humanos y las libertades fundamentales y
en los principios de paz, de dignidad y valor de la persona humana y de
justicia social proclamados en la Carta,
Recordando los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
los Pactos internacionales de derechos humanos y la Declaración de los
Derechos del Niño y las normas de progreso social ya enunciadas en las
constituciones, las convenciones, las recomendaciones y las resoluciones de
la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la
Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras
organizaciones interesadas,
Subrayando que en la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo
Social se ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y
mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación,
Teniendo presente la necesidad de ayudar a los retrasados mentales a
desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como
de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la vida social
normal,
Consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, algunos países no se
hallan en situación de dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados,
Proclama la presente Declaración de Derechos del Retrasado Mental y pide
que se adopten medidas en el plano nacional o internacional para que sirvan
de base y de referencia común para la protección de estos derechos:

1. El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de
los mismos derechos que los demás seres humanos.

2. El retrasado mental tiene derecho a la atención médica y el tratamiento
físico que requiera su caso, así como a la educación, la capacitación, la
rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su
capacidad y sus aptitudes.

3. El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de
vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a
desempeñar un empleo productivo o alguna otra ocupación útil.

4. De ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia o en un
hogar que reemplace al propio, y participar en las distintas formas de la vida
de la comunidad. El hogar en que viva debe recibir asistencia. En caso de que
sea necesario internarlo en un establecimiento especializado, el ambiente y
las condiciones de vida dentro de tal institución deberán asemejarse en la
mayor medida posible a los de la vida normal.

5. El retrasado mental debe poder contar con la atención de un tutor
calificado cuanto esto resulte indispensable para la protección de su persona
y sus bienes.

6. El retrasado mental debe ser protegido contra toda explotación y todo
abuso o trato degradante. En caso de que sea objeto de una acción judicial,
deberá ser sometido a un proceso justo en que se tenga plenamente en
cuenta su grado de responsabilidad, atendidas sus facultades mentales.

7. Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de
su impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si se hace
necesario limitar o incluso suprimir tales derechos, el procedimiento que se
emplee a los fines de esa limitación o supresión deberá entrañar
salvaguardas jurídicas que protejan al retrasado mental contra toda forma
de abuso. Dicho procedimiento deberá basarse en una evaluación de su
capacidad social por expertos calificados. Asimismo, tal limitación o supresión
quedará sujeta a revisiones periódicas y reconocerá el derecho de apelación
a autoridades superiores.

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