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Fecha de Expedición
-30.11.1973
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- Publicado el 15 septiembre 2008
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Tratados/Tratado
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid
Texto Completo
_____

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 3068 (XXVIII),
de 30 de noviembre de 1973

Entrada en vigor: 18 de julio de 1976, de conformidad con el artículo XV

Lista de los Estados que han ratificado la convención, Declaraciones y reservas
(en inglés)
Los Estados Partes en la presente Convención,

Recordando las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, en virtud de
la cual todos los Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o
separadamente, en cooperación con la Organización, para lograr el respeto
universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la
efectividad de tales derechos y libertades,

Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que
toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la
Declaración, sin distinción alguna, en particular de raza, color u origen
nacional,

Considerando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, en la que la Asamblea General señala que el
proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, en pro de la
dignidad humana, del progreso y de la justicia, es preciso poner fin al
colonialismo y a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo
acompañan,

Observando que, conforme a la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, los Estados condenan especialmente
la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y
eliminar todas las prácticas de esa naturaleza en los territorios bajo su
jurisdicción,

Observando que en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio ciertos actos que pueden calificarse también de actos de apartheid
constituyen un delito de derecho internacional;
Observando que, conforme a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, "los actos inhumanos
debidos a la política de apartheid" están calificados de crímenes de lesa
humanidad;

Observando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado varias
resoluciones en las que se condenan la política y las prácticas de apartheid
como crímenes de lesa humanidad,
Observando que el Consejo de Seguridad ha subrayado que el apartheid y su
intensificación y expansión constantes perturban y amenazan gravemente la paz
y la seguridad internacionales,

Convencidos de que una convención internacional sobre la represión y el
castigo del crimen de apartheid permitiría adoptar medidas más eficaces, tanto
en el plano internacional como en el nacional, con objeto de reprimir y
castigar el crimen de apartheid,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo I

1. Los Estados Partes en la presente Convención declaran que el apartheides un
crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las
políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de
segregación y discriminación racial que se definen en el artículo II de la
presente Convención son crímenes que violan los principios del derecho
internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas, y que constituyen una amenaza seria para la paz y la
seguridad internacionales.

2. Los Estados Partes en la presente Convención declaran criminales las
organizaciones, las instituciones y los particulares que cometen el crimen de
apartheid.

Artículo II

A los fines de la presente Convención, la expresión "crimen de apartheid", que
incluirá las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación
racial tal como se practican en el Africa meridional, denotará los siguientes
actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación
de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y
de oprimirlo sistemáticamente:

a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho
a la vida y a la libertad de la persona:

i) Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;

ii) Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la
libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su
sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de
uno o más grupos raciales;

b) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a
uno o más grupos raciales la participación en la vida política, social,
económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que
impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando
a los miembros de uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades
fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar
asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la educación, el derecho a
salir de su país y a regresar al mismo, el derecho a una nacionalidad, el
derecho a la libertad de circulación y de residencia, el derecho a la libertad
de opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas;

d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a
dividir la población según criterios raciales, creando reservas y guetos
separados para los miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo los
matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y expropiando
los bienes raíces pertenecientes a uno o más grupos raciales o a miembros de
los mismos;

e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en
especial sometiéndolos a trabajo forzoso;

f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid
privándolas de derechos y libertades fundamentales.

Artículo III

Se considerarán criminalmente responsables en el plano internacional,
cualquiera que sea el móvil, los particulares, los miembros de las
organizaciones e instituciones y los representantes del Estado, tanto si
residen en el territorio del Estado en que se perpetran los actos como en
cualquier otro Estado que:

a) Cometan los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención, o
que participen en su comisión, la inciten directamente o se confabulen para
ella;

b) Alienten o estimulen directamente la comisión del crimen de apartheido
cooperen directamente en ella.

Artículo IV

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan:

a) A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean necesarias para
reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las políticas
segregacionistas similares o sus manifestaciones y para castigar a las
personas culpables de tal crimen;

b) A adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para
perseguir, enjuiciar y castigar conforme a su jurisdicción a las personas
responsables o acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la
presente Convención, independientemente de que tales personas residan en el
territorio del Estado en que se han cometido los actos o sean nacionales de
ese Estado o de algún otro Estado o sean personas apátridas.

Artículo V

Las personas acusadas de los actos enumerados en el artículo II de la presente
Convención podrán ser juzgadas por un tribunal competente de cualquier Estado
Parte en la Convención que tenga jurisdicción sobre esas personas, o por
cualquier tribunal penal internacional que sea competente respecto a los
Estados Partes que hayan reconocido su jurisdicción.

Artículo VI

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a aceptar y cumplir
con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas las decisiones adoptadas por el
Consejo de Seguridad encaminadas a prevenir, reprimir y castigar el crimen de
apartheid, así como a cooperar en la ejecución de las decisiones que adopten
otros órganos competentes de las Naciones Unidas con miras a la realización de
los propósitos de la Convención.

Artículo VII

1. Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a presentar
periódicamente informes al grupo establecido con arreglo al artículo IX sobre
las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otro orden que
hayan adoptado para poner en práctica las disposiciones de la Convención.

2. Por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas se transmitirán
copias de esos informes al Comité Especial del Apartheid.

Artículo VIII

Todo Estado Parte en la presente Convención podrá pedir a cualquier órgano
competente de las Naciones Unidas que adopte, de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas, todas las medidas que considere indispensables para la
prevención y represión del crimen de apartheid.

Artículo IX

1. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos nombrará un grupo
compuesto de tres miembros de dicha comisión, que sean al mismo tiempo
representantes de Estados Partes en la presente Convención, el cual se
encargará de examinar los informes presentados por los Estados Partes con
arreglo al artículo VII.

2. En caso de que entre los miembros de la Comisión de Derechos Humanos no
figuren representantes de Estados Partes en la presente Convención o sean
menos de tres, el Secretario General de las Naciones Unidas nombrará, previa
consulta con todos los Estados Partes en la presente Convención, a uno o más
representantes de Estados Partes en la presente Convención que no sean
miembros de la Comisión de Derechos Humanos para que participen en los
trabajos del grupo constituido con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo, hasta que sean elegidos miembros de la Comisión de Derechos
Humanos representantes de Estados Partes en la Convención.

3. Dicho grupo podrá reunirse para examinar los informes presentados con
arreglo a lo dispuesto en el artículo VII por un período no mayor de cinco
días antes o después de los períodos de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos.

Artículo X

1. Los Estados Partes en la presente Convención autorizan a la Comisión de
Derechos Humanos para que:

a) Pida a los órganos de las Naciones Unidas que, cuando transmitan copias de
las peticiones previstas en el artículo 15 de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, señalen a
su atención las denuncias relativas a los actos enumerados en el artículo II
de la presente Convención;

b) Prepare, sobre la base de los informes de los órganos competentes de las
Naciones Unidas y de los informes periódicos de los Estados Partes en la
presente Convención, una lista de los particulares, organizaciones,
instituciones y representantes de Estados que se presumen responsables de los
crímenes enumerados en el artículo II, así como de aquellos contra quienes los
Estados Partes en la presente Convención hayan incoado procedimientos
judiciales;

c) Solicite de los órganos competentes de las Naciones Unidas información
acerca de las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de la
administración de los territorios en fideicomiso y no autónomos y de todos los
demás territorios a que se refiere la resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre
de 1960 de la Asamblea General con respecto a los particulares que se presuman
responsables de crímenes enumerados en el artículo II de la presente
Convención y que se crea se hallan bajo su jurisdicción territorial y
administrativa.

2. En tanto no se logren los objetivos de la Declaración sobre la concesión de
la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución
1514 (XV) de Asamblea General, las disposiciones de la presente Convención no
limitarán de manera alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por
otros instrumentos internacionales o por las Naciones Unidas y sus organismos
especializados.

Artículo XI

1. Los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención no se
reputarán delitos políticos para los efectos de la extradición.

2. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen en tal caso a
conceder la extradición conforme a su legislación y a los tratados vigentes.

Artículo XII

Toda controversia entre los Estados Partes relativa a la interpretación, la
aplicación o la ejecución de la presente Convención que no haya sido resuelta
mediante negociaciones se someterá, a instancia de los Estados Partes en la
controversia, a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes
hayan convenido en otro medio de arreglo.

Artículo XIII

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados. Cualquier
Estado que no firmare la Convención antes de su entrada en vigor podrá
adherirse a ella.

Artículo XIV

1. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo XV

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la
fecha en que se haya depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella
después de haberse depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de
adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha
del depósito de su propio instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo XVI

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación
por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia
surtirá efectos un año después de la fecha de recepción de la notificación por
el Secretario General.

Artículo XVII

1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá solicitar en cualquier
momento la revisión de la misma mediante notificación por escrito dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su
caso, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

Artículo XVIII

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados
los siguientes datos:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos XIII y
XIV;

b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al
artículo XV;

c) Las denuncias hechas con arreglo al artículo XVI;

d) Las notificaciones hechas con arreglo al artículo XVII.

Artículo XIX

1. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, se depositará en los archivos de las Naciones
Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas
de la presente Convención a todos los Estados.

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