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-18.12.1990
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- Publicado el 11 septiembre 2008
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Tratados/Tratado
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
Texto Completo
_____

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990

Lista de los Estados que han ratificado la convención
Declaraciones y reservas (en inglés)

Preambulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

Teniendo en cuenta los principios consagrados en los instrumentos
fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en
particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño,

Teniendo en cuenta también los principios y normas establecidos en los
instrumentos pertinentes elaborados en el marco de la Organización
Internacional del Trabajo, en especial el Convenio relativo a los trabajadores
migrantes (No. 97), el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas
y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores
migrantes (No. 143), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No.
86), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (No.151), el Convenio
relativo al trabajo forzoso u obligatorio (No. 29) y el Convenio relativo a la
abolición del trabajo forzoso (No. 105),

Reafirmando la importancia de los principios consagrados en la Convención
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza,
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, Recordando la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración del Cuarto Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las
Convenciones sobre la esclavitud,
Recordando que uno de los objetivos de la Organización internacional del
Trabajo, como se establece en su Constitución, es la protección de los
intereses de los trabajadores empleados en países distintos del propio, y
teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia de dicha organización en
las cuestiones relacionadas con los trabajadores migratorios y sus familiares,

Reconociendo la importancia del trabajo realizado en relación con los
trabajadores migratorios y sus familiares en distintos órganos de las Naciones
Unidas, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de
Desarrollo Social, así como en la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud y en
otras organizaciones internacionales,
Reconociendo también los progresos realizados por algunos Estados mediante
acuerdos regionales o bilaterales para la protección de los derechos de los
trabajadores migratorios y de sus familiares, así como la importancia y la
utilidad de los acuerdos bilaterales y multilaterales en esta esfera,
Comprendiendo la importancia y la magnitud del fenómeno de las migraciones,
que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de Estados de la
comunidad internacional,

Conscientes de la repercusión que las corrientes de trabajadores migratorios
tienen sobre los Estados y los pueblos interesados,y deseosos de establecer
normas que puedan contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante
la aceptación de los principios fundamentales relativos al tratamiento de los
trabajadores migratorios y de sus familiares,

Considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se
encuentran los trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras
cosas,a su ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que
tropiezan en razón de su presencia en el Estado de empleo,
Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus
familiares no han sido debidamente reconocidos en todas partes y, por tanto,
requieren una protección internacional apropiada,
Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves
problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para
los propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la
familia,
Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la migración son aún
más graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de
que se debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y
eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores
migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos
fundamentales,
Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación
irregular son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos
favorables que las de otros trabajadores y que para determinadas empresas ello
constituye un aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con el objeto de
obtener los beneficios de una competencia desleal,

Considerando también que la práctica de emplear a trabajadores migratorios que
se hallen en situación irregular será desalentada si se reconocen más
ampliamente los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores
migratorios y, además, que la concesión de determinados derechos adicionales a
los trabajadores migratorios y a sus familiares que se hallen en situación
regular alentará a todos los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las
leyes y procedimientos establecidos por los Estados interesados,

Convencidos, por ello, de la necesidad de lograr la protección internacional
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
reafirmando y estableciendo normas fundamentales en una convención amplia que
tenga aplicación universal,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE 1: Alcance y definiciones

Articulo 1

1. La presente Convención será aplicable, salvo cuando en ella se disponga
otra cosa, a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin
distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o
convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o
social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil,
nacimiento o cualquier otra condición.

2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración
de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación
para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de
ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el
regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.

Articulo 2

A los efectos de la presente Convención:

1. Se entenderá por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a realizar,
realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea
nacional.

2. a) Se entenderá por "trabajador fronterizo" todo trabajador migratorio que
conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente
regrese cada día o al menos una vez por semana;

b) Se entenderá por "trabajador de temporada" todo trabajador migratorio cuyo
trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo
se realice durante parte del año;

c) Se entenderá por "marino", término que incluye a los pescadores, todo
trabajador migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un
Estado del que no sea nacional;

d) Se entenderá por "trabajador en una estructura marina" todo trabajador
migratorio empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la
jurisdicción de un Estado del que no sea nacional;

e) Se entenderá por "trabajador itinerante" todo trabajador migratorio que,
aun teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro
Estado u otros Estados por períodos breves, debido a su ocupación;

f) Se entenderá por "trabajador vinculado a un proyecto" todo trabajador
migratorio admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para trabajar
solamente en un proyecto concreto que realice en ese Estado su empleador;

g) Se entenderá por "trabajador con empleo concreto" todo trabajador
migratorio:

i) Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a
un Estado de empleo para realizar una tarea o función concreta;

ii) Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera
conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados
de otra índole; o

iii) Que, a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por un
plazo limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o breve;
y que deba salir del Estado de empleo al expirar el plazo autorizado de su
estancia, o antes, si deja de realizar la tarea o función concreta o el
trabajo a que se ha hecho referencia;

h) Se entenderá por "trabajador por cuenta propia" todo trabajador migratorio
que realice una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y
obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o
junto con sus familiares, así como todo otro trabajador migratorio reconocido
como trabajador por cuenta propia por la legislación aplicable del Estado de
empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales.

Artículo 3

La presente Convención no se aplicará a:

a) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos
internacionales y las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su
territorio para desempeñar funciones oficiales, cuya admisión y condición
jurídica estén reguladas por el derecho internacional general o por acuerdos o
convenios internacionales concretos;

b) Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio, o
por un empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en
otros programas de cooperación, cuya admisión y condición jurídica estén
reguladas por un acuerdo con el Estado de empleo y que, de conformidad con
este acuerdo, no sean consideradas trabajadores migratorios;

c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen en
calidad de inversionistas;

d) Los refugiados y los apátridas, a menos que esté previsto que se aplique a
estas personas en la legislación nacional pertinente del Estado Parte de que
se trate o en instrumentos internacionales en vigor en ese Estado;

e) Los estudiantes y las personas que reciben capacitación;

f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan sido
autorizados a residir y ejercer una actividad remunerada en el Estado de
empleo.

Articulo 4

A los efectos de la presente Convención, el término "familiares" se refiere a
las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos
una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas
a su cargo reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por
acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se
trate.

Artículo 5

A los efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus
familiares:

a) Serán considerados documentados o en situación regular si han sido
autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en
el Estado de empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos
internacionales en que ese Estado sea parte;

b) Serán considerados no documentados o en situación irregular si no cumplen
las condiciones establecidas en el inciso a) de este artículo.

Articulo 6

A los efectos de la presente Convención:

a) Por "Estado de origen" se entenderá el Estado del que sea nacional la
persona de que se trate;

b) Por "Estado de empleo" se entenderá el Estado donde el trabajador
migratorio vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada,
según el caso;

c) Por "Estado de tránsito" se entenderá cualquier Estado por el que pase el
interesado en un viaje al Estado de empleo o del Estado de empleo al Estado de
origen o al Estado de residencia habitual.

PARTE II: No discriminación en el reconocimiento de derechos

Artículo 7

Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los
trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su
territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente
Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma,
religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional,
étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado
civil, nacimiento o cualquier otra condición.

PARTE III: Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares

Artículo 8

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de
cualquier Estado, incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido
a restricción alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias
para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades ajenos y sean compatibles con otros
derechos reconocidos en la presente parte de la Convención.

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regresar en
cualquier momento a su Estado de origen y permanecer en él.

Artículo 9

El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará
protegido por ley.

Articulo 10

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Articulo 11

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni
servidumbre.

2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que
realicen trabajos forzosos u obligatorios.

3. El párrafo 2 del presente artículo no obstará para que los Estados cuya
legislación admita para ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos
puedan imponer éstos en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal
competente.

4. A los efectos de este artículo, la expresión "trabajos forzosos u
obligatorios" no incluirá:

a) Ningún trabajo o servicio, no previsto en el párrafo 3 de este artículo,
que normalmente deba realizar una persona que, en virtud de una decisión de la
justicia ordinaria, se halle detenida o haya sido puesta ulteriormente en
situación de libertad condicional;

b) Ningún servicio exigido en casos de emergencia o de desastre que amenacen
la vida o el bienestar de la comunidad;

c) Ningún trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civiles
normales, en la medida en que se imponga también a los ciudadanos del Estado
de que se trate.

Artículo 12

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad
de profesar o de adoptar la religión o creencia de su elección, así como la
libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos,
las prácticas y la enseñanza.

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos a coacción
alguna que limite su libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de
su elección.

3. La libertad de expresar la propia religión o creencia sólo podrá quedar
sometida a las limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral públicos o los
derechos y las libertades fundamentales de los demás.

4. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a respetar la
libertad de los padres, cuando por lo menos uno de ellos sea trabajador
migratorio, y, en su caso, de los tutores legales para hacer que los hijos
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.

Artículo 13

1. El derecho de opinión de los trabajadores migratorios y sus familiares no
será objeto de injerencia alguna.

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad
de expresión; este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro medio de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 del presente artículo
entraña obligaciones y responsabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser
sometido a ciertas restricciones, a condición de que éstas hayan sido
establecidas por ley y sean necesarias para:

a) Respetar los derechos o el buen nombre ajenos;

b) Proteger la seguridad nacional de los Estados de que se trate, el orden
público o la salud o la moral públicas;

c) Prevenir toda la propaganda en favor de la guerra;

d) Prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

Artículo 14

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u
otras comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y buen nombre.
Todos los trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o ataques.

Artículo 15

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de
sus bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras
personas. Cuando, en virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo,
los bienes de un trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados
total o parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización
justa y apropiada.

Artículo 16

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad
y la seguridad personales.

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la
protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o
intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o
instituciones.

3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de
la identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará
con arreglo a los procedimientos establecidos por ley.

4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos,
individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán
privados de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los
procedimientos que la ley establezca.

5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán
informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que
comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán
prontamente, en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya
formulado.

6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de
una infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a
ser juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La prisión
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla
general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de
las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido
en prisión o detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de
detención:

a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un
Estado que represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin
demora, si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y de los motivos
de esa medida;

b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades.
Toda comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida
sin demora, y el interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las
comunicaciones de dichas autoridades;

c) Se informará sin demora al interesado de este derecho y de los derechos
derivados de los tratados pertinentes, si son aplicables entre los Estados de
que se trate, a intercambiar correspondencia y reunirse con representantes de
esas autoridades y a hacer gestiones con ellos para su representación legal.

8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su
libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante
un tribunal, a fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad
de su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere legal. En el
ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese
necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma
utilizado.

9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de
detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización.

Artículo 17

1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será tratado
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a
su identidad cultural.

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de
los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un
régimen distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren
menores de edad, estarán separados de los adultos y la vista de su causa
tendrá lugar con la mayor celeridad.

3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un
Estado de tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones
sobre migración será alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos
de los destinados a las personas condenadas o a las personas detenidas que
esperen ser juzgadas.

4. Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta
por un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo
tendrá por finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores
delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un
tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus
familiares tendrán el mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de
miembros de su familia.

6. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autoridades
competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que
se planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores.

7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma
de detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o
el Estado de tránsito gozarán de los mismos derechos que los nacionales de
dichos Estados que se encuentren en igual situación.

8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de
verificar una infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por
su cuenta los gastos que ocasione ese procedimiento.

Artículo 18

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que
los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de
justicia. Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,
en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra
ellos o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter
civil.

2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley.

3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de
un delito tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma
detallada, de la naturaleza y las causas de la acusación formulada en su
contra;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su
defensa y comunicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser
asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera
defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la
justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si
careciera de medios suficientes para pagar;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la
comparecencia de los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en
las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla
el idioma empleado en el tribunal;

g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores, se tendrá en cuenta su edad y
la importancia de promover su readaptación social.

5. Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un delito
tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se la haya impuesto
sean examinados por un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme contra un trabajador migratorio o
un familiar suyo haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido
indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio
de la comisión de un error judicial, quien haya sufrido una pena como
resultado de tal sentencia deberá ser indemnizado conforme a la ley, a menos
que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado
oportunamente el hecho desconocido.

7. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser juzgado ni
sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto
mediante sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal del
Estado interesado.

Artículo 19

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será condenado por actos u
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
nacional o internacional; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable
en el momento de la comisión. Si con posterioridad a la comisión del delito la
ley dispone la imposición de una pena más leve, el interesado se beneficiará
de esa disposición.

2. Al dictar una sentencia condenatoria por un delito cometido por un
trabajador migratorio o un familiar suyo, se deberán considerar los aspectos
humanitarios relacionados con su condición, en particular con respeto a su
derecho de residencia o de trabajo.

Artículo 20

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el solo
hecho de no cumplir una obligación contractual.

2. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado de su
autorización de residencia o permiso de trabajo ni expulsado por el solo hecho
de no cumplir una obligación emanada de un contrato de trabajo, a menos que el
cumplimiento de esa obligación constituya condición necesaria para dicha
autorización o permiso.

Artículo 21

Ninguna persona que no sea un funcionario público debidamente autorizado por
la ley podrá confiscar, destruir o intentar destruir documentos de identidad,
autorizaciones de entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio
de un país ni permisos de trabajo. En los casos en que la confiscación de esos
documentos esté autorizada, no podrá efectuarse sin la previa entrega de un
recibo detallado. En ningún caso estará permitido destruir el pasaporte o
documento equivalente de un trabajador migratorio o de un familiar suyo.

Artículo 22

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y
decidido individualmente.

2. los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados
del territorio de un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por
la autoridad competente conforme a la ley.

3. La decisión les será comunicada en un idioma que puedan entender. Les será
comunicada por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por otro
concepto y, salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de
seguridad nacional, se indicarán también los motivos de la decisión. Se
informará a los interesados de estos derechos antes de que se pronuncie la
decisión o, a mas tardar, en ese momento.

4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los
interesados tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para
oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la
autoridad competente, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se
opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán derecho a
solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión.

5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada,
la persona interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la
ley, y no se hará valer la decisión anterior para impedir a esa persona que
vuelva a ingresar en el Estado de que se trate.

6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o
después de la partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y
otras prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones
pendientes.

7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador
migratorio o familiar suyo que sea objeto de ella podrá solicitar autorización
de ingreso en un Estado que no sea su Estado de origen.

8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un trabajador
migratorio o un familiar suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que
pague sus propios gastos de viaje.

9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno de los
derechos que haya adquirido de conformidad con la legislación de ese Estado un
trabajador migratorio o un familiar suyo, incluido el derecho a recibir los
salarios y otras prestaciones que se le adeuden.

Artículo 23

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la
protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su
Estado de origen, o del Estado que represente los intereses de ese Estado, en
todos los casos en que queden menoscabados los derechos reconocidos en la
presente Convención. En particular, en caso de expulsión, se informará sin
demora de ese derecho a la persona interesada, y las autoridades del Estado
que haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese derecho.

Artículo 24

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 25

1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable
que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a
remuneración y de:

a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de
trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la
relación de empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a
la legislación y la práctica nacionales, estén comprendidas en este término;

b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo, restricción
del trabajo a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la
legislación y la práctica nacionales, se consideren condiciones de empleo.

2. No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio
de igualdad de trato que se menciona en el párrafo 1 del presente artículo.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que
los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos
derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o
empleo. En particular, los empleadores no quedarán exentos de ninguna
obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en
forma alguna a causa de cualquiera de esas irregularidades.

Artículo 26

1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores migratorios y
sus familiares a:

a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos o de
cualesquiera otras asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a
proteger sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole, con
sujeción solamente a las normas de la organización pertinente;

b) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera de las
asociaciones citadas, con sujeción solamente a las normas de la organización
pertinente;

c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualquiera de las
asociaciones citadas.

2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en
interés de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los
derechos y libertades de los demás.

Artículo 27

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán en el Estado de
empleo, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales
en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación
aplicable de ese Estado o en los tratados bilaterales y multilaterales
aplicables. Las autoridades competentes del Estado de origen y del Estado de
empleo podrán tomar en cualquier momento las disposiciones necesarias para
determinar las modalidades de aplicación de esta norma.

2. Cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores migratorios
o sus familiares gocen de alguna prestación, el Estado de que se trate, sobre
la base del trato otorgado a los nacionales que estuvieren en situación
similar, considerará la posibilidad de reembolsarles el monto de las
contribuciones que hubieren aportado en relación con esas prestaciones.

Artículo 28

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir
cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar
su vida o para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad
de trato con los nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de
urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la
permanencia o al empleo.

Artículo 29

Todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un
nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad.

Artículo 30

Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho
fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con
los nacionales del Estado de que se trate. El acceso de los hijos de
trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las
escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación
irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los
padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de
empleo.

Artículo 31

1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad cultural de los
trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos
mantengan vínculos culturales con sus Estados de origen.

2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas para ayudar y
alentar los esfuerzos a este respecto.

Artículo 32

Los trabajadores migratorios y sus familiares, al terminar su permanencia en
el Estado de empleo, tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros y, de
conformidad con la legislación aplicable de los Estados de que se trate, sus
efectos personales y otras pertenencias.

Artículo 33

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a que el
Estado de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según
corresponda, les proporcione información acerca de:

a) Sus derechos con arreglo a la presente Convención;

b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones
con arreglo a la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras
cuestiones que les permitan cumplir formalidades administrativas o de otra
índole en dicho Estado.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas
para difundir la información mencionada o velar por que sea suministrada por
empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones apropiados. Según
corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados.

3. La información adecuada será suministrada a los trabajadores migratorios y
sus familiares que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible,
en un idioma que puedan entender.

Artículo 34

Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención tendrá por
efecto eximir a los trabajadores migratorios y a sus familiares de la
obligación de cumplir las leyes y reglamentaciones de todos los Estados de
tránsito y del Estado de empleo ni de la obligación de respetar la identidad
cultural de los habitantes de esos Estados.

Artículo 35

Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención se
interpretará en el sentido de que implica la regularización de la situación de
trabajadores migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación
irregular o el derecho a que su situación sea así regularizada, ni menoscabará
las medidas encaminadas a asegurar las condiciones satisfactorias y
equitativas para la migración internacional previstas en la parte VI de la
presente Convención.

PARTE IV: Otros derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que
estén documentados o se encuentren en situación regular

Artículo 36

Los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se
encuentren en situación regular en el Estado de empleo gozarán de los derechos
enunciados en la presente Parte de la Convención, además de los enunciados en
la parte III.

Artículo 37

Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado
de empleo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser
plenamente informados por el Estado de origen o por el Estado de empleo, según
corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admisión y,
particularmente, de las relativas a su estancia y a las actividades
remuneradas que podrán realizar, así como de los requisitos que deberán
cumplir en el Estado de empleo y las autoridades a que deberán dirigirse para
que se modifiquen esas condiciones.

Artículo 38

1. Los Estados de empleo harán todo lo posible por autorizar a los
trabajadores migratorios y sus familiares a ausentarse temporalmente sin que
ello afecte a la autorización que tengan de permanecer o trabajar, según sea
el caso. Al hacerlo, los Estados de empleo deberán tener presentes las
necesidades y obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus
familiares, particularmente en sus Estados de origen.

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser
informados plenamente de las condiciones en que estén autorizadas esas
ausencias temporales.

Artículo 39

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad
de movimiento en el territorio del Estado de empleo y a escoger libremente en
él su residencia.

2. Los derechos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo no estarán
sujetos a ninguna restricción, salvo las que estén establecidas por ley, sean
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o
la moral públicas o los derechos y las libertades de los demás y sean
congruentes con los demás derechos reconocidos en la presente Convención.

Artículo 40

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el derecho a
establecer asociaciones y sindicatos en el Estado de empleo para el fomento y
la protección de sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra
índole.

2. No podrán imponerse restricciones al ejercicio de ese derecho, salvo las
que prescriba la ley y resulten necesarias en una sociedad democrática en
interés de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los
derechos y libertades de los demás.

Artículo 41

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar
en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en
elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.

2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad
con su legislación, el ejercicio de esos derechos.

Artículo 42

1. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de establecer procedimientos
o instituciones que permitan tener en cuenta, tanto en los Estados de origen
como en los Estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligaciones
especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán
también, según proceda, la posibilidad de que los trabajadores migratorios y
sus familiares tengan en esas instituciones sus propios representantes
libremente elegidos.

2. Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación
nacional, la consulta o la participación de los trabajadores migratorios y sus
familiares en las decisiones relativas a la vida y la administración de las
comunidades locales.

3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el
Estado de empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede
tales derechos.

Artículo 43

1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los
nacionales del Estado de empleo en relación con:

a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los
requisitos de admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y
servicios de que se trate;

b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación;

c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y
readiestramiento;

d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda,
y la protección contra la explotación en materia de alquileres;

e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan
satisfecho los requisitos establecidos para la participación en los planes
correspondientes;

f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que
ello implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con
sujeción a las normas y los reglamentos por que se rijan los órganos
interesados;

g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella.

2. Los Estados Partes promoverán condiciones que garanticen una efectiva
igualdad de trato, a fin de que los trabajadores migratorios puedan gozar de
los derechos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, siempre que las
condiciones establecidas para su estancia, con arreglo a la autorización del
Estado de empleo, satisfagan los requisitos correspondientes.

3. Los Estados de empleo no impedirán que un empleador de trabajadores
migratorios instale viviendas o servicios sociales o culturales para ellos.
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 70 de la presente Convención, el
Estado de empleo podrá subordinar la instalación de esos servicios a los
requisitos generalmente exigidos en ese Estado en relación con su instalación.

Artículo 44

1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico natural
y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la
sociedad y del Estado, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la
protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio.

2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en
la esfera de su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores
migratorios con sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con el
trabajador migratorio una relación que, de conformidad con el derecho
aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, al igual que con sus
hijos solteros menores de edad que estén a su cargo.

3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán
favorablemente conceder un trato igual al previsto en el párrafo 2 del
presente artículo a otros familiares de los trabajadores migratorios.

Artículo 45

1. Los familiares de los trabajadores migratorios gozarán, en el Estado de
empleo, de igualdad de trato respecto de los nacionales de ese Estado en
relación con:

a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los
requisitos de ingreso y a otras normas de las instituciones y los servicios de
que se trate;

b) El acceso a instituciones y servicios de orientación y capacitación
vocacional, a condición de que se cumplan los requisitos para la participación
en ellos;

c) El acceso a servicios sociales y de salud, a condición de que se cumplan
los requisitos para la participación en los planes correspondientes;

d) El acceso a la vida cultural y la participación en ella.

2. Los Estados de empleo, en colaboración con los Estados de origen cuando
proceda, aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los
hijos de los trabajadores migratorios en el sistema escolar local,
particularmente en lo tocante a la enseñanza del idioma local.

3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de los trabajadores
migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuando proceda,
los Estados de origen colaborarán a esos efectos.

4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza en
la lengua materna de los hijos de los trabajadores migratorios, en
colaboración con los Estados de origen si ello fuese necesario.

Artículo 46

Los trabajadores migratorios y sus familiares estarán exentos, con sujeción a
la legislación aplicable de los Estados de que se trate y a los acuerdos
internacionales pertinentes y las obligaciones de dichos Estados dimanantes de
su participación en uniones aduaneras, del pago de derechos e impuestos en
concepto de importación y exportación por sus efectos personales y enseres
domésticos, así como por el equipo necesario para el desempeño de la actividad
remunerada para la que hubieran sido admitidos en el Estado de empleo:

a) En el momento de salir del Estado de origen o del Estado de residencia
habitual;

b) En el momento de su admisión inicial en el Estado de empleo;

c) En el momento de su salida definitiva del Estado de empleo;

d) En el momento de su regreso definitivo al Estado de origen o al Estado de
residencia habitual.

Artículo 47

1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho a transferir sus ingresos y
ahorros, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus
familiares, del Estado de empleo a su Estado de origen o a cualquier otro
Estado. Esas transferencias se harán con arreglo a los procedimientos
establecidos en la legislación aplicable del Estado interesado y de
conformidad con los acuerdos internacionales aplicables.

2. Los Estados interesados adoptarán las medidas apropiadas para facilitar
dichas transferencias.

Artículo 48

1. Sin perjuicio de los acuerdos aplicables sobre doble tributación, los
trabajadores migratorios y sus familiares, en lo que respecta a los ingresos
en el Estado de empleo:

a) No deberán pagar impuestos, derechos ni gravámenes de ningún tipo que sean
más elevados o gravosos que los que deban pagar los nacionales en
circunstancias análogas;

b) Tendrán derecho a deducciones o exenciones de impuestos de todo tipo y a
las desgravaciones tributarias aplicables a los nacionales en circunstancias
análogas, incluidas las desgravaciones tributarias por familiares a su cargo.

2. Los Estados Partes procurarán adoptar las medidas apropiadas para evitar
que los ingresos y ahorros de los trabajadores migratorios y sus familiares
sean objeto de doble tributación.

Artículo 49

1. En los casos en que la legislación nacional exija autorizaciones separadas
de residencia y de empleo, los Estados de empleo otorgarán a los trabajadores
migratorios una autorización de residencia por lo menos por el mismo período
de duración de su permiso para desempeñar una actividad remunerada.

2. En los Estados de empleo en que los trabajadores migratorios tengan la
libertad de elegir una actividad remunerada, no se considerará que los
trabajadores migratorios se encuentran en situación irregular, ni se les
retirará su autorización de residencia, por el solo hecho del cese de su
actividad remunerada con anterioridad al vencimiento de su permiso de trabajo
o autorización análoga.

3. A fin de permitir que los trabajadores migratorios mencionados en el
párrafo 2 del presente artículo tengan tiempo suficiente para encontrar otra
actividad remunerada, no se les retirará su autorización de residencia, por lo
menos por un período correspondiente a aquel en que tuvieran derecho a
prestaciones de desempleo.

Artículo 50

1. En caso de fallecimiento de un trabajador migratorio o de disolución del
matrimonio, el Estado de empleo considerará favorablemente conceder
autorización para permanecer en él a los familiares de ese trabajador
migratorio que residan en ese Estado en consideración de la unidad de la
familia; el Estado de empleo tendrá en cuenta el período de tiempo que esos
familiares hayan residido en él.

2. Se dará a los familiares a quienes no se conceda esa autorización tiempo
razonable para arreglar sus asuntos en el Estado de empleo antes de salir de
él.

3. No podrá interpretarse que las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este
artículo afectan adversamente al derecho a permanecer y trabajar concedido a
esos familiares por la legislación del Estado de empleo o por tratados
bilaterales y multilaterales aplicables a ese Estado.

Artículo 51

No se considerará que se encuentren en situación irregular los trabajadores
migratorios que en el Estado de empleo no estén autorizados a elegir libremente
su actividad remunerada, ni tampoco se les retirará su autorización de
residencia por el solo hecho de que haya cesado su actividad remunerada con
anterioridad al vencimiento de su permiso de trabajo, excepto en los casos en
que la autorización de residencia dependa expresamente de la actividad
remunerada específica para la cual hayan sido aceptados. Dichos trabajadores
migratorios tendrán derecho a buscar otros empleos, participar en programas de
obras públicas y readiestrarse durante el período restante de su permiso de
trabajo, con sujeción a las condiciones y limitaciones que se establezcan en
dicho permiso.

Artículo 52

1. Los trabajadores migratorios tendrán en el Estado de empleo libertad de
elegir su actividad remunerada, con sujeción a las restricciones o condiciones
siguientes.

2. Respecto de cualquier trabajador migratorio, el Estado de empleo podrá:

a) Restringir el acceso a categorías limitadas de empleo, funciones, servicios
o actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado y esté
previsto por la legislación nacional;

b) Restringir la libre elección de una actividad remunerada de conformidad con
su legislación relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones
profesionales adquiridas fuera del territorio del Estado de empleo. Sin
embargo, los Estados Partes interesados tratarán de reconocer esas
calificaciones.

3. En el caso de los trabajadores migratorios cuyo permiso de trabajo sea de
tiempo limitado, el Estado de empleo también podrá:

a) Subordinar el derecho de libre elección de una actividad remunerada a la
condición de que el trabajador migratorio haya residido legalmente en el
territorio del Estado de empleo para los fines de ejercer una actividad
remunerada por un período de tiempo determinado en la legislación nacional de
dicho Estado que no sea superior a dos años;

b) Limitar el acceso del trabajador migratorio a una actividad remunerada en
aplicación de una política de otorgar prioridad a sus nacionales o a las
personas que estén asimiladas a sus nacionales para esos fines en virtud de la
legislación vigente o de acuerdos bilaterales o multilaterales. Las
limitaciones de este tipo no se aplicarán a un trabajador migratorio que haya
residido legalmente en el territorio del Estado de empleo para los fines de
ejercer una actividad remunerada por un período determinado en la legislación
nacional de dicho Estado que no sea superior a cinco años.

4. El Estado de empleo fijará las condiciones en virtud de las cuales un
trabajador migratorio que haya sido admitido para ejercer un empleo podrá ser
autorizado a realizar trabajos por cuenta propia. Se tendrá en cuenta el
período durante el cual el trabajador haya residido legalmente en el Estado de
empleo.

Artículo 53

1. Los familiares de un trabajador migratorio cuya autorización de residencia
o admisión no tenga límite de tiempo o se renueve automáticamente podrán
elegir libremente una actividad remunerada en las mismas condiciones
aplicables a dicho trabajador migratorio de conformidad con el artículo 52 de
la presente Convención.

2. En cuanto a los familiares de un trabajador migratorio a quienes no se les
permita elegir libremente su actividad remunerada, los Estados Partes
considerarán favorablemente darles prioridad, a efectos de obtener permiso
para ejercer una actividad remunerada, respecto de otros trabajadores que
traten de lograr admisión en el Estado de empleo, con sujeción a los acuerdos
bilaterales y multilaterales aplicables.

Artículo 54

1. Sin perjuicio de las condiciones de su autorización de residencia o de su
permiso de trabajo ni de los derechos previstos en los artículos 25 y 27 de la
presente Convención, los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato
respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con:

a) La protección contra los despidos;

b) Las prestaciones de desempleo;

c) El acceso a los programas de obras públicas destinados a combatir el
desempleo;

d) El acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo o darse término a
otra actividad remunerada, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 52 de la
presente Convención.

2. Si un trabajador migratorio alega que su empleador ha violado las
condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las
autoridades competentes del Estado de empleo, según lo dispuesto en el párrafo
1 del artículo 18 de la presente Convención.

Artículo 55

Los trabajadores migratorios que hayan obtenido permiso para ejercer una
actividad remunerada, con sujeción a las condiciones adscritas a dicho
permiso, tendrán derecho a igualdad de trato respecto de los nacionales del
Estado de empleo en el ejercicio de esa actividad remunerada.

Artículo 56

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares a los que se refiere la
presente parte de la Convención no podrán ser expulsados de un Estado de
empleo salvo por razones definidas en la legislación nacional de ese Estado y
con sujeción a las salvaguardias establecidas en la parte III.

2. No se podrá recurrir a la expulsión como medio de privar a un trabajador
migratorio o a un familiar suyo de los derechos emanados de la autorización de
residencia y el permiso de trabajo.

3. Al considerar si se va a expulsar a un trabajador migratorio o a un
familiar suyo, deben tenerse en cuenta consideraciones de carácter humanitario
y también el tiempo que la persona de que se trate lleve residiendo en el
Estado de empleo.

PARTE V: Disposiciones aplicables a categorías particulares de trabajadores
migratorios y sus familiares

Artículo 57

Los trabajadores migratorios y sus familiares incluidos en las categorías
particulares enumeradas en la presente Parte de la Convención que estén
documentados o en situación regular gozarán de los derechos establecidos en la
parte III, y, con sujeción a las modificaciones que se especifican a
continuación, de los derechos establecidos en la parte IV.

Artículo 58

1. Los trabajadores fronterizos, definidos en el inciso a) del párrafo 2 del
artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en
la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo
en el territorio del Estado de empleo, teniendo en cuenta que no han
establecido su residencia habitual en dicho Estado.

2. Los Estados de empleo considerarán favorablemente la posibilidad de otorgar
a los trabajadores fronterizos el derecho a elegir libremente una actividad
remunerada luego de un período determinado. El otorgamiento de ese derecho no
afectará a su condición de trabajadores fronterizos.

Artículo 59

1. Los trabajadores de temporada, definidos en el inciso b) del párrafo 2 del
artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en
la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo
en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición
de trabajadores de temporada en ese Estado, teniendo en cuenta el hecho de que
se encuentran en ese Estado sólo una parte del año.

2. El Estado de empleo, con sujeción al párrafo 1 de este artículo, examinará
la conveniencia de conceder a los trabajadores de temporada que hayan estado
empleados en su territorio durante un período de tiempo considerable la
posibilidad de realizar otras actividades remuneradas, otorgándoles prioridad
respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión en ese Estado,
con sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables.

Artículo 60

Los trabajadores itinerantes, definidos en el inciso e) del párrafo 2 del
artículo 2 de la presente Convención, gozarán de todos los derechos
reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su
presencia y su trabajo en el territorio del Estado de empleo y que sean
compatibles con su condición de trabajadores itinerantes en ese Estado.

Artículo 61

1. Los trabajadores vinculados a un proyecto, definidos en el inciso f) del
párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, y sus familiares gozarán
de los derechos reconocidos en la parte IV, salvo los establecidos en los
incisos b) y c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1
del artículo 43 en lo referente a los planes sociales de vivienda, en el
inciso b) del párrafo 1 del artículo 45 y en los artículos 52 a 55.

2. Si un trabajador vinculado a un proyecto alega que su empleador ha violado
las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las
autoridades competentes del Estado que tenga jurisdicción sobre el empleador,
según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la presente Convención.

3. Con sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales que se les
apliquen, los Estados Partes procurarán conseguir que los trabajadores
vinculados a un proyecto estén debidamente protegidos por los sistemas de
seguridad social de sus Estados de origen o de residencia habitual durante el
tiempo que estén vinculados al proyecto. Los Estados Partes interesados
tomarán medidas apropiadas a fin de evitar toda denegación de derechos o
duplicación de pagos a este respecto.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 de la presente Convención y
en los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, los Estados Partes
interesados permitirán que los ingresos de los trabajadores vinculados a un
proyecto se abonen en su Estado de origen o de residencia habitual.

Artículo 62

1. Los trabajadores con empleo concreto, definidos en el inciso g) del párrafo

2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos
reconocidos en la parte IV, con excepción de lo dispuesto en los incisos b) y

c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo
43 en lo referente a los planes sociales de vivienda, en el artículo 52 y en
el inciso d) del párrafo 1 del artículo 54.

2. Los familiares de los trabajadores con empleo concreto gozarán de los
derechos que se les reconocen a los familiares de los trabajadores migratorios
en la parte IV de la presente Convención, con excepción de lo dispuesto en el
artículo 53.

Artículo 63

1. Los trabajadores por cuenta propia, definidos en el inciso h) del párrafo 2
del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos
en la parte IV, salvo los que sean aplicables exclusivamente a los
trabajadores que tienen contrato de trabajo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 52 y 79 de la presente
Convención, la terminación de la actividad económica de los trabajadores por
cuenta propia no acarreará de suyo el retiro de la autorización para que ellos
o sus familiares permanezcan en el Estado de empleo o se dediquen en él a una
actividad remunerada, salvo cuando la autorización de residencia dependa
expresamente de la actividad remunerada concreta para la cual fueron
admitidos.

PARTE VI: Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas
en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus familiares

Artículo 64
1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 79 de la presente
Convención, los Estados Partes interesados se consultarán y colaborarán entre
sí, según sea apropiado, con miras a promover condiciones satisfactorias,
equitativas y dignas en relación con la migración internacional de
trabajadores y sus familiares.

2. A ese respecto, se tendrán debidamente en cuenta no sólo las necesidades y
recursos de mano de obra, sino también las necesidades sociales, económicas,
culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus familiares,
así como las consecuencias de tal migración para las comunidades de que se
trate.

Artículo 65

1. Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender las
cuestiones relacionadas con la migración internacional de trabajadores y sus
familiares. Sus funciones serán, entre otras:

a) La formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase de
migración;

b) El intercambio de información, las consultas y la cooperación con las
autoridades competentes de otros Estados Partes interesados en esa clase de
migración;

c) El suministro de información apropiada, en particular a empleadores,
trabajadores y sus organizaciones, acerca de las políticas, leyes y
reglamentos relativos a la migración y el empleo, los acuerdos sobre migración
concertados con otros Estados y otros temas pertinentes;

d) El suministro de información y asistencia apropiada a los trabajadores
migratorios y sus familiares en lo relativo a las autorizaciones y
formalidades y arreglos requeridos para la partida, el viaje, la llegada, la
estancia, las actividades remuneradas, la salida y el regreso, así como en lo
relativo a las condiciones de trabajo y de vida en el Estado de empleo, las
normas aduaneras, monetarias y tributarias y otras leyes y reglamentos
pertinentes.

2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la provisión de
servicios consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para
atender a las necesidades sociales, culturales y de otra índole de los
trabajadores migratorios y sus familiares.

Artículo 66

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, el derecho a
realizar operaciones para la contratación de trabajadores en otro Estado sólo
corresponderá a:

a) Los servicios u organismos públicos del Estado en el que tengan lugar esas
operaciones;

b) Los servicios u organismos públicos del Estado de empleo sobre la base de
un acuerdo entre los Estados interesados;

c) Un organismo establecido en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral.

2. Con sujeción a la autorización, la aprobación y la supervisión de las
autoridades públicas de los Estados Partes interesados que se establezcan con
arreglo a las legislaciones y prácticas de esos Estados, podrá permitirse
también que organismos, futuros empleadores o personas que actúen en su nombre
realicen las operaciones mencionadas.

Artículo 67

1. Los Estados Partes interesados cooperarán de la manera que resulte
apropiada en la adopción de medidas relativas al regreso ordenado de los
trabajadores migratorios y sus familiares al Estado de origen cuando decidan
regresar, cuando expire su permiso de residencia o empleo, o cuando se
encuentren en situación irregular en el Estado de empleo.

2. Por lo que respecta a los trabajadores migratorios y sus familiares que se
encuentren en situación regular, los Estados Partes interesados cooperarán de
la manera que resulte apropiada, en las condiciones convenidas por esos
Estados, con miras a fomentar condiciones económicas adecuadas para su
reasentamiento y para facilitar su reintegración social y cultural duradera en
el Estado de origen.

Artículo 68

1. Los Estados Partes, incluidos los Estados de tránsito, colaborarán con
miras a impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales o clandestinos
de los trabajadores migratorios en situación irregular. Entre las medidas que
se adopten con ese objeto dentro de la jurisdicción de cada Estado interesado,
se contarán:

a) Medidas adecuadas contra la difusión de información engañosa en lo
concerniente a la emigración y la inmigración;

b) Medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de
trabajadores migratorios y sus familiares y para imponer sanciones efectivas a
las personas, grupos o entidades que organicen o dirijan esos movimientos o
presten asistencia a tal efecto;

c) Medidas para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades
que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra los
trabajadores migratorios o sus familiares en situación irregular.

2. Los Estados de empleo adoptarán todas las medidas necesarias y efectivas
para eliminar la contratación en su territorio de trabajadores migratorios en
situación irregular, incluso, si procede, mediante la imposición de sanciones
a los empleadores de esos trabajadores. Esas medidas no menoscabarán los
derechos de los trabajadores migratorios frente a sus empleadores en relación
con su empleo.

Artículo 69

1. Los Estados Partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y
familiares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para
asegurar que esa situación no persista.

2. Cuando los Estados Partes interesados consideren la posibilidad de
regularizar la situación de dichas personas de conformidad con la legislación
nacional y los acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables, se tendrán
debidamente en cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su
estancia en los Estados de empleo y otras consideraciones pertinentes, en
particular las relacionadas con su situación familiar.

Artículo 70

Los Estados Partes deberán tomar medidas no menos favorables que las aplicadas
a sus nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de vida de
los trabajadores migratorios y sus familiares en situación regular estén en
consonancia con las normas de idoneidad, seguridad y salud, así como con los
principios de la dignidad humana.

Artículo 71

1. Los Estados Partes facilitarán, siempre que sea necesario, la repatriación
al Estado de origen de los restos mortales de los trabajadores migratorios o
de sus familiares.

2. En lo tocante a las cuestiones relativas a la indemnización por causa de
fallecimiento de un trabajador migratorio o de uno de sus familiares, los
Estados Partes, según proceda, prestarán asistencia a las personas interesadas
con miras a lograr el pronto arreglo de dichas cuestiones. El arreglo de
dichas cuestiones se realizará sobre la base del derecho nacional aplicable de
conformidad con las disposiciones de la presente Convención y de los acuerdos
bilaterales o multilaterales pertinentes.

PARTE VII: Aplicación de la Convención

Artículo 72

1. a) Con el fin de observar la aplicación de la presente Convención se
establecerá un Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares (denominado en adelante "el Comité");

b) El Comité estará compuesto, en el momento en que entre en vigor la presente
Convención, de diez expertos y después de la entrada en vigor de la Convención
para el cuadragésimo primer Estado Parte, de catorce expertos de gran
integridad moral, imparciales y de reconocida competencia en el sector
abarcado por la Convención.

2. a) Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta por los
Estados Partes de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Se
prestará la debida consideración a la distribución geográfica equitativa,
incluyendo tanto Estados de origen como Estados de empleo, y a la
representación de los principales sistemas jurídicos. Cada Estado Parte podrá
proponer la candidatura de una persona elegida entre sus propios nacionales;

b) Los miembros serán elegidos y ejercerán sus funciones a titulo personal.

3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la
fecha de entrada en vigor de la presente Convención, y las elecciones
subsiguientes se celebrarán cada dos años. Al menos cuatro meses antes de la
fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá
una carta a todos los Estados Partes para invitarlos a que presenten sus
candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una
lista por orden alfabético de todos los candidatos, en la que indicará los
Estados Partes que los han designado, y la transmitirá a los Estados Partes a
más tardar un mes antes de la flecha de la correspondiente elección, junto con
las notas biográficas de los candidatos.

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes
que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las
Naciones Unidas. En la reunión, para la cual constituirán quórum dos tercios
de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos
que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de
los Estados Partes presentes y votantes.

5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el
mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al
cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el Presidente
de la reunión de los Estados Partes designará por sorteo los nombres de esos
cinco miembros;

b) La elección de los cuatro miembros adicionales del Comité se realizará, de
conformidad con las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 del presente
artículo, inmediatamente después de la entrada en vigor de la Convención para
el cuadragésimo primer Estado Parte. El mandato de dos de los miembros
adicionales elegidos en esa ocasión expirará al cabo de dos años; el
Presidente de la reunión de los Estados Partes designará por sorteo el nombre
de esos miembros;

c) Los miembros del Comité podrán ser reelegidos si su candidatura vuelve a
presentarse.

6. Si un miembro del Comité fallece o renuncia o declara que por algún otro
motivo no puede continuar desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado
Parte que presentó la candidatura de ese experto nombrará a otro experto de
entre sus propios nacionales para que cumpla la parte restante del mandato. El
nuevo nombramiento quedará sujeto a la aprobación del Comité.
7. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y
los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité.

8. Los miembros del Comité percibirán emolumentos con cargo a los recursos de
las Naciones Unidas en los términos y condiciones que decida la Asamblea
General.

9. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e
inmunidades de los expertos en misión de las Naciones Unidas que se estipulan
en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades de las Naciones Unidas.

Artículo 73

1. Los Estados Partes presentarán al Secretario General de las Naciones
Unidas, para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas
legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado
para dar efecto a las disposiciones de la presente Convención:

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para
el Estado Parte de que se trate;

b) En lo sucesivo, cada cinco años y cada vez que el Comité lo solicite.

2. En los informes presentados con arreglo al presente artículo se indicarán
también los factores y las dificultades, según el caso, que afecten a la
aplicación de la Convención y se proporcionará información acerca de las
características de las corrientes de migración que se produzcan en el Estado
Parte de que se trate.

3. El Comité establecerá las demás directrices que corresponda aplicar
respecto del contenido de los informes.

4. Los Estados Partes darán una amplia difusión pública a sus informes en sus
propios países.

Artículo 74

1. El Comité examinará los informes que presente cada Estado Parte y
transmitirá las observaciones que considere apropiadas al Estado Parte
interesado. Ese Estado Parte podrá presentar al Comité sus comentarios sobre
cualquier observación hecha por el Comité con arreglo al presente artículo. Al
examinar esos informes, el Comité podrá solicitar a los Estados Partes que
presenten información complementaria.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas, con la debida antelación a la
apertura de cada período ordinario de sesiones del Comité, transmitirá al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo copias de los
informes presentados por los Estados Partes interesados y la información
pertinente para el examen de esos informes, a fin de que la Oficina pueda
proporcionar al Comité los conocimientos especializados de que disponga
respecto de las cuestiones tratadas en la presente Convención que caigan
dentro del ámbito de competencia de la Organización Internacional del Trabajo.
El Comité examinará en sus deliberaciones los comentarios y materiales que la
Oficina pueda proporcionarle.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá también, tras celebrar
consultas con el Comité, transmitir a otros organismos especializados, así
como a las organizaciones intergubernamentales, copias de las partes de esos
informes que sean de su competencia.

4. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y órganos de las
Naciones Unidas, así como a las organizaciones intergubernamentales y demás
órganos interesados, a que presenten, para su examen por el Comité,
información escrita respecto de las cuestiones tratadas en la presente
Convención que caigan dentro del ámbito de sus actividades.

5. El Comité invitará a la Oficina Internacional del Trabajo a nombrar
representantes para que participen, con carácter consultivo, en sus sesiones.

6. El Comité podrá invitar a representantes de otros organismos especializados
y órganos de las Naciones Unidas, así como de organizaciones
intergubernamentales, a estar presentes y ser escuchados en las sesiones
cuando se examinen cuestiones que caigan dentro del ámbito de su competencia.

7. El Comité presentará un informe anual a la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la aplicación de la presente Convención, en el que expondrá sus
propias opiniones y recomendaciones, basadas, en particular, en el examen de
los informes de los Estados Partes y en las observaciones que éstos presenten.

8. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes
anuales del Comité a los Estados Partes en la presente Convención, al Consejo
Económico y Social, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y a otras
organizaciones pertinentes.
Artículo 75
1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
3. El Comité se reunirá ordinariamente todos los años.
4. Las reuniones del Comité se celebrarán ordinariamente en la Sede de las
Naciones Unidas.
Artículo 76
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier
momento, con arreglo a este artículo, que reconoce la competencia del Comité
para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte alegue
que otro Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanadas de la presente
Convención. Las comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se
podrán recibir y examinar si las presenta un Estado Parte que haya hecho una
declaración por la cual reconoce con respecto a sí mismo la competencia del
Comité. El Comité no recibirá ninguna comunicación que se refiera a un Estado
Parte que no haya hecho esa declaración. Las comunicaciones que se reciban
conforme a este artículo quedarán sujetas al siguiente procedimiento:
a) Si un Estado Parte en la presente Convención considera que otro Estado
Parte no está cumpliendo sus obligaciones dimanadas de la presente Convención,
podrá, mediante comunicación por escrito, señalar el asunto a la atención de
ese Estado Parte. El Estado Parte podrá también informar al Comité del asunto.
En un plazo de tres meses contado desde la recepción de la comunicación, el
Estado receptor ofrecerá al Estado que envió la comunicación una explicación u
otra exposición por escrito en la que aclare el asunto y que, en la medida de
lo posible y pertinente, haga referencia a los procedimientos y recursos
internos hechos valer, pendientes o existentes sobre la materia;
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Estados Partes
interesados dentro de seis meses de recibida la comunicación inicial por el
Estado receptor, cualquiera de ellos podrá referir el asunto al Comité,
mediante notificación cursada al Comité y al otro Estado;
c) El Comité examinará el asunto que se le haya referido sólo después de
haberse cerciorado de que se han hecho valer y se han agotado todos los
recursos internos sobre la materia, de conformidad con los principios de
derecho internacional generalmente reconocidos. No se aplicará esta norma
cuando, a juicio del Comité, la tramitación de esos recursos se prolongue
injustificadamente;
d) Con sujeción a lo dispuesto en el inciso c) del presente párrafo, el Comité
pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados con
miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del
respeto a las obligaciones establecidas en la presente Convención;
e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine comunicaciones con
arreglo al presente artículo;
f) En todo asunto que se le refiera de conformidad con el inciso b) del
presente párrafo, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados, que
se mencionan en el inciso b), que faciliten cualquier otra información
pertinente;
g) Ambos Estados Partes interesados, conforme a lo mencionado en el inciso b)
del presente párrafo, tendrán derecho a estar representados cuando el asunto
sea examinado por el Comité y a hacer declaraciones oralmente o por escrito;
h) El Comité, en un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción de
la notificación con arreglo al inciso b) del presente párrafo, presentará un
informe, como se indica a continuación:
i) Si se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d) del
presente párrafo, el Comité limitará su informe a una breve exposición de
los hechos y de la solución a la que se haya llegado;
ii) Si no se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso
d), el Comité indicará en su informe los hechos pertinentes relativos al
asunto entre los Estados Partes interesados. Se anexarán al informe las
declaraciones por escrito y una relación de las declaraciones orales hechas
por los Estados Partes interesados. El Comité podrá también transmitir
únicamente a los Estados Partes interesados cualesquiera observaciones que
considere pertinentes al asunto entre ambos.
En todos los casos el informe se transmitirá a los Estados Partes interesados.

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez
Estados Partes en la presente Convención hayan hecho una declaración con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo. Los Estados Partes depositarán
dichas declaraciones en poder del Secretario General de las Naciones Unidas,
quien remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes. Toda declaración
podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al
Secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que se examine
cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud
del presente artículo; después de que el Secretario General haya recibido la
notificación de retiro de la declaración, no se recibirán nuevas
comunicaciones de ningún Estado Parte con arreglo al presente artículo, a
menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
Artículo 77
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier
momento, con arreglo al presente artículo, que reconoce la competencia del
Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas
sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen que ese Estado Parte
ha violado los derechos individuales que les reconoce la presente Convención.
El Comité no admitirá comunicación alguna relativa a un Estado Parte que no
haya hecho esa declaración.

2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad
con el presente artículo que sea anónima o que, a su juicio, constituya un
abuso del derecho a presentar dichas comunicaciones o sea incompatible con las
disposiciones de la presente Convención.

3. El Comité no examinará comunicación alguna presentada por una persona de
conformidad con el presente artículo a menos que se haya cerciorado de que:

a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada en otro
procedimiento de investigación o solución internacional;

b) La persona ha agotado todos los recursos que existan en la jurisdicción
interna; no se aplicará esta norma cuando, a juicio del Comité, la tramitación
de los recursos se prolongue injustificadamente o no ofrezca posibilidades de
dar un amparo eficaz a esa persona.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, el
Comité señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con el
presente artículo a la atención del Estado Parte en la presente Convención que
haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue
que ha violado una disposición de la Convención. En un plazo de seis meses, El
Estado receptor proporcionará al Comité una explicación u otra exposición por
escrito en la aclare el asunto y exponga, en su caso, la medida correctiva que
haya adoptado.

5. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el
presente artículo a la luz de toda la información presentada por la persona o
en su nombre y por el Estado Parte de que se trate.

6. El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine las comunicaciones
presentadas conforme al presente artículo.

7. El Comité comunicará sus opiniones al Estado Parte de que se trate y a la
persona que haya presentado la comunicación.

8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez
Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que
se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Los Estados Partes
depositarán dichas declaraciones en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, quien remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes.
Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación
dirigida al Secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que se
examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en
virtud del presente artículo; después de que el Secretario General haya
recibido la notificación de retiro de la declaración no se recibirán nuevas
comunicaciones presentadas por una persona, o en su nombre, con arreglo al
presente artículo, a menos que el Estado Parte de que se trate haya hecho una
nueva declaración.

Artículo 78

Las disposiciones del artículo 76 de la presente Convención se aplicarán sin
perjuicio de cualquier procedimiento para solucionar las controversias o
denuncias relativas a la esfera de la presente Convención establecido en los
instrumentos constitucionales de las Naciones Unidas y los organismos
especializados o en convenciones aprobadas por ellos, y no privarán a los
Estados Partes de recurrir a otros procedimientos para resolver una
controversia de conformidad con convenios internacionales vigentes entre
ellos.

PARTE VIII

Disposiciones generales

Artículo 79

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al derecho de cada
Estado Parte a establecer los criterios que rijan la admisión de los
trabajadores migratorios y de sus familiares. En cuanto a otras cuestiones
relacionadas con su situación legal y el trato que se les dispense como
trabajadores migratorios y familiares de éstos, los Estados Partes estarán
sujetos a las limitaciones establecidas en la presente Convención.

Artículo 80

Nada de lo dispuesto en la presente Convención deberá interpretarse de manera
que menoscabe las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las
constituciones de los organismos especializados en que se definen las
responsabilidades respectivas de los diversos órganos de las Nacionaes Unidas
y de los organismos especializados en relación con los asuntos de que se ocupa
la presente Convención.

Artículo 81

1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a ningún derecho o
libertad más favorable que se conceda a los trabajadores migratorios y a sus
familiares en virtud de:

a) El derecho o la práctica de un Estado Parte; o

b) Todo tratado bilateral o multilateral vigente para el Estado Parte
interesado.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse en el
sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para
emprender actividades o realizar actos que puedan menoscabar cualquiera de los
derechos o libertades reconocidos en la presente Convención.

Artículo 82

Los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares previstos en
la presente Convención no podrán ser objeto de renuncia. No se permitirá
ejercer ninguna forma de presión sobre los trabajadores migratorios ni sobre
sus familiares para hacerlos renunciar a cualquiera de los derechos
mencionados o privarse de alguno de ellos. No se podrán revocar mediante
contrato los derechos reconocidos en la presente Convención. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar que se respeten esos
principios.

Artículo 83

Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se compromete a
garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en la presente
Convención hayan sido violados pueda obtener una reparación efectiva, aun
cuando tal violación haya sido cometida por personas que actuaban en ejercicio
de sus funciones oficiales;

b) La autoridad judicial, administrativa o legislativa competente, o cualquier
otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, decida
sobre la procedencia de la demanda de toda persona que interponga tal recurso,
y que se amplíen las posibilidades de obtener reparación por la vía judicial;

c) Las autoridades competentes cumplan toda decisión en que el recurso se haya
estimado procedente.

Artículo 84

Cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para aplicar las
disposiciones de la presente Convención.

PARTE IX

Disposiciones finales

Artículo 85

El Secretario General de las Naciones Unidas será depositario de la presente
Convención.

Artículo 86

1. La presente Convención quedará abierta a la firma de todos los Estados.
Estará sujeta a ratificación.

2. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados.

3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 87

1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a
un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que haya sido
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Respecto de todo Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella
después de su entrada en vigor, la Convención entrará en vigor el primer día
del mes siguiente a un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que
ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 88

Los Estados que ratifiquen la presente Convención o se adhieran a ella no
podrán excluir la aplicación de ninguna parte de ella ni tampoco, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, podrán excluir de su aplicación a
ninguna categoría determinada de trabajadores migratorios.

Artículo 89

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención, una vez
transcurridos cinco años desde la fecha en que la Convención haya entrado en
vigor para ese Estado, mediante comunicación por escrito dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La denuncia se hará efectiva el primer día del mes siguiente a la
expiración de un plazo de doce meses contado a partir de la fecha en que el
Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la comunicación.

3. La denuncia no tendrá el efecto de liberar al Estado Parte de las
obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención respecto de ningún
acto u omisión que haya ocurrido antes de la fecha en que se hizo efectiva la
denuncia, ni impedirá en modo alguno que continúe el examen de cualquier
asunto que se hubiere sometido a la consideración del Comité antes de la fecha
en que se hizo efectiva la denuncia.

4. A partir de la fecha en que se haga efectiva la denuncia de un Estado
Parte, el Comité no podrá iniciar el examen de ningún nuevo asunto relacionado
con ese Estado.

Artículo 90

1. Pasados cinco años de la fecha en que la presente Convención haya entrado
en vigor, cualquiera de los Estados Partes en la misma podrá formular una
solicitud de enmienda de la Convención mediante comunicación escrita dirigida
al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará
acto seguido las enmiendas propuestas a los Estados Partes y les solicitará
que le notifiquen si se pronuncian a favor de la celebración de una
conferencia de Estados Partes para examinar y someter a votación las
propuestas. En el caso de que, dentro de un plazo de cuatro meses a partir de
la fecha de dicha comunicación, por lo menos un tercio de los Estados Partes
se pronuncie a favor de la celebración de la conferencia, el Secretario
General convocará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y
votantes en la conferencia se presentará a la Asamblea General de las Naciones
Unidas para su aprobación.

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes en la presente Convención, de conformidad con
sus respectivos procedimientos constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados
Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán
obligados por las disposiciones de la presente Convención y por toda enmienda
anterior que hayan aceptado.

Artículo 91

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos
los Estados Partes el texto de las reservas formuladas por los Estados en el
momento de la firma, la ratificación o la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de
la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una
notificación a tal fin dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto
en la fecha de su recepción.

Artículo 92

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a
la interpretación o la aplicación de la presente Convención y no se solucione
mediante negociaciones se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si
en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la
organización del arbitraje, cualquiera de las Partes podrá someter la
controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante una solicitud
presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o la ratificación de la
Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no
estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado
esa declaración.

3. Todo Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo
2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante
notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 93

1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de
la presente Convención a todos los Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente
autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente
Convención.

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